Gran parte de la población extranjera que reside en el país tiene un estatus migratorio irregular, lo que por un lado, coloca a dicha población en un plano de vulnerabilidad y limita las posibilidades de ejercer de forma integral sus derechos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Unas 150 organizaciones de la sociedad solicitaron al gobierno dar un paso fundamental para impulsar la implementación de la Ley General de Migración y su Reglamento, y trabajar conjuntamente con la sociedad civil para estructurar un modelo de gestión de las migraciones que parta de una visión de desarrollo conforme al interés nacional y que integre además la perspectiva de derechos humanos.
Las organizaciones destacaron que se requiere de la articulación de toda la sociedad organizada para colaborar en el diseño y la implementación de una política migratoria que favorezca el bienestar general del país, e invitaron a otras organizaciones a apoyar la iniciativa del “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones”, con el fin de que la misma se establezca como plataforma fundamental para lograr la realización de cambios profundos en el modelo de gerencia de las migraciones en el país.
Según las organizaciones lo que se busca es promover la institucionalidad en la implementación de la Ley General de Migración y su Reglamento, conscientes de la necesidad de consolidar el Estado Social, Democrático y de Derecho proclamado en la Constitución, por lo que se reunieron para concertar un “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones”.
La Ley General de Migración No. 285-04 fue promulgada hace más de 8 años, sin embargo a la fecha varios mandatos importantes de la misma siguen pendientes de ejecución. Mientras que el Reglamento No. 631-11 procura hacer operativa dicha ley, su aplicación no ha contribuído a regularizar el flujo y control migratorio.
El compromiso enfatiza que la política migratoria tiene que ser re-direccionada para que responda en primer orden al interés nacional, y por tanto a las necesidades del mercado laboral del país, así como a los derechos humanos y laborales de las personas migrantes.
Gran parte de la población extranjera que reside en el país tiene un estatus migratorio irregular, lo que por un lado, coloca a dicha población en un plano de vulnerabilidad y limita las posibilidades de ejercer de forma integral sus derechos, mientras que por otro, implica que el Estado carece de información esencial para poder desarrollar políticas públicas, tales como las relacionadas al mercado laboral, política tributaria, seguridad ciudadana, servicios públicos, combate a la delincuencia transnacional, etc.
El compromiso fue presentado en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo y contó con la presentación de Wilfredo Lozano, especialista en migraciones y sociología política, e intervenciones del Reverendo Fidel Lorenzo (del Sector Iglesias Evangélicas), Obispo Francisco Ozoria (del Sector Iglesia Católica), Rafael Abreu (del Sector Sindical), Jaime Gonzalez (del Sector Empresarial) y Elsa Sánchez (del Sector Campesino), quienes enfatizaron la importancia del tema como prioridad nacional.
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