SANTO DOMINGO.- El sistema penitenciario dominicano está al borde del colapso debido a que tiene los más altos porcentajes de prisión preventiva de Latinoamérica, advirtió la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
“Estamos en una situación grave y vergonzosa, ya que el promedio de prisión preventiva en la mayoría de los países de América Latina está entre 5% y 15%, mientras que en 2010 nosotros teníamos 75% y luego bajamos de 68% a 65% en 2011”, expresó Laura Hernández.
Entrevistada por Harold Modesto, coordinador de la Unidad del Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), agregó que en el censo penitenciario de 2006, a dos años de comenzar a aplicarse el Nuevo Código Procesal Penal, el país tenía 12,706 reclusos, cifra que hoy asciende a casi 23,000.
“Tenemos un gran reto porque hay un montón de centros del nuevo modelo y
cárceles del modelo tradicional que están absolutamente sobrepoblados, provocando que en nuestro país el sistema penitenciario esté colapsando”, expresó.
Dijo que esas altas cifras expresan la gravedad de la prisión preventiva en nuestro país y sin embargo “en los medios de comunicación parecería reflejarse que en el país hay un uso indiscriminado de la libertad, y pienso es un tema de educación ciudadana”.
Agregó que “hay que informarle a la población que porque una persona esté en libertad mientras dura el conocimiento de su proceso no significa que escapará, sino que constitucionalmente esa es la forma normal y corriente en que los países conocen los procesos, salvo los casos donde la fuga es inminente”.
Deploró que en el país se juzga a los imputados por la situación socioeconómica.
“Aquí el peligro de fuga se mide en función de si usted vive en un barrio o en un ensanche. Parecería que quienes vivimos en ensanches no tenemos peligro de fuga y esos son los que se escapan en helicóptero. Sin embargo, todo el que vive en determinados barrios para el tribunal representa peligro de fuga”, puntualizó.
La funcionaria sostuvo que el hecho de que a una persona le dicten una medida de coerción distinta a la prisión preventiva no significa que está evadiendo su responsabilidad penal, “sino que va a poder presentarse libre a su juicio, como señalan nuestra Constitución y nuestras leyes”.
Hernández abogó por una campaña educativa a los fines de que la población sepa que una medida de coerción distinta a la prisión preventiva es algo normal en cualquier país del mundo y que no obedece a que compraron al juez”, añadió.
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