La Fiscalía del DN mantiene bajo investigación a unas 20 empresas y ha ocupado unos tres mil millones de pesos en el proceso seguido al dirigente
reformista José Cruz, acusado de reetiquetar medicamentos.Aunque se mantiene en prisión preventiva, Cruz ha recibido el respaldo de sus colegas, incluso el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, ofreció hasta su vida pública por su libertad.
En una carta de garantía emitida en favor del procesado, Genao dice que conoce a José del Carmen Cruz desde hace 15 años, se confesó ser su amigo personal y reconoce en él una persona “responsable”.
Sobre Cruz también dice que “cuenta con suficiente solvencia moral, social y económica, y que en el trayecto de su vida ha mantenido una conducta acorde con los buenos valores de la vida en sociedad”.
En uno de sus párrafos, la misiva fechada del 28 de febrero de 2014 y presentada para la revisión de medida de coerción del procesado reza “me comprometo personalmente, en mi calidad de servidor público, a presentar al señor José del Carmen Cruz ante cualquier autoridad que le requiera, poniendo en garantía, no solo mi vida pública, sino también mi honra, mi prestigio y hasta mi patrimonio si fuera necesario”. Entre los bienes ocupados al procesado hay 160 millones de pesos invertidos en la bolsa de valores, locales comerciales, solares…
Caso complejo
La jueza Kenya Escarlet Severino, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, declaró compleja la investigación seguida a los imputados José del Carmen Cruz y Félix Jesús Santos. Ambos están siendo procesados por falsificación de documentos públicos, alteración de etiquetas de medicamentos, lavado de activos, entre otros delitos.
Acusación
Según el Ministerio Público, los imputados se han dedicado a alterar las fechas de vencimiento de productos farmacéuticos, con el fin de poner en circulación la venta, constituyendo esto una actividad ilegal y una maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado dominicano y la salud de la ciudadanía en general.
En la entidad que dirige Yeni Berenice Reynoso se investigan funcionarios de varias instituciones y otras personas vinculadas al caso de los medicamentos vencidos. Además, de acuerdo a informaciones, se trata de una red con actividades propias del crimen organizado.
Buscan determinar si hay muertos
El Procurador General, Francisco Domínguez Brito, dijo que en el caso de José Cruz, gerente y propietario de Yomifar, se está investigando si hubo muertes por la venta de medicamentos vencidos. “Este caso es muy serio ya que se investiga la posibilidad de que varias personas hayan muerto por el uso de los medicamentos falsificados, reetiquetados y vencidos, como los que se le incautaron al señor José del Carmen Cruz”, precisó el funcionario.
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