Importadores de vehículos rechazan disposición de Aduanas -

Un grupo de empresas dedicadas a la importación de Vehículos usados denunciaron que las autoridades de la Dirección General de Aduanas violan los acuerdos de Libre Comercio firmados por la Republica Dominicana con los Estados Unidos y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los ejecutivos de las empresas sostienen que el director general de Aduanas, Fernando Fernández, al

emitir la circular 0304 del 13 de enero 2014, imponiendo un método de valoración distinto al que establece el Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio (OMC), viola los acuerdos citados. Indican además que con dicha circular se viola también el Reglamento del Valor establecido mediante el decreto 36-11 del 20 enero 2011 que tiene que aplicar Aduanas a las mercancías importadas, incluyendo los vehículos, según afirmaron los métodos establecidos en el Acuerdo del Valor tienen como objetivo fundamental garantizar el cobro uniforme y justo, sin discriminaciones de los tributos, a todos los importadores basado en el valor de transacción o sea en lo realmente pagado o por pagar por los bienes importados. Adicionalmente observaron que con la circular se viola el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la Republica Dominicana (DR-CAFTA), al eliminar la preferencia arancelaria establecida en dicho acuerdo e imponiendo un arancel de un 10% a los vehículos usados originarios de los EE.UU. Los importadores sostienen que con la medida se favorece la importación de vehículos originarios de países tales como Japón, China, Corea, Colombia, Brasil, Argentina, Tailandia y otros que no tienen acuerdo de Libre Comercio con el país, atribuyéndose así, la Dirección General de Aduanas, funciones reservadas por la Constitución Dominicana, exclusivamente al Congreso Nacional. Señalaron, además, que la Republica Dominicana podría ser objeto de sanciones comerciales de parte de los Estados Unidos, de no ser revocado de inmediato el arancel ilegal de 10% a los vehículos usados originarios de ese país, impuesto arbitrariamente por Aduanas, las que afectaran al sector exportador del país y a todo el sistema económico nacional. “El solo anuncio de tales medidas evidentemente tendrá un impacto negativo inmediato en la inversión extranjera y la prima del dólar”, explicaron en un comunicado. Las empresas denunciantes han contratado los servicios de Gerardo Rivas, a los fines de que los represente en justicia en el justo reclamo de sus derechos, e informan que como parte de sus acciones, el pasado lunes 20 enero, mediante acto de alguacil, han advertido al director de Aduanas sobre las violaciones y consecuencias a que se verá sometido si se mantiene la decisión adoptada en circular de referencia, recordándole que la Constitución Dominicana en su artículo 148 establece que los funcionarios públicos o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por sus actuaciones u omisiones administrativas, antijuricas. También por lo establecido en el artículo 174 del Código Penal Dominicano, el cual establece que los funcionarios públicos y los perceptores de derechos, rentas públicas se hacen reos del delito de CONCUSION, al exigir o recibir sumas que exceden la tasa legal de los derechos que establece la ley, imponiendo como sanción multas y hasta dos años de prisión correccional, además de la inhabilitación de los derechos civiles incluyendo el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cinco años. Mediante el mismo acto de alguacil, pusieron en conocimiento de las citadas violaciones y para los fines correspondientes: al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñon; a Katrina Naut, de la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), institución administradora del DR-CAFTA; a Simón Lizardo, ministro de Hacienda; Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia; al Ministerio de Relaciones Exteriores y a James W Brewster Jr, embajador de los Estados Unidos de América en el país. También Daniel Foote, Isabela Cascarano y Geoffrey Cleasby, ministro Consejero, encargada Regional del Departamento De Comercio y agregado comercial de la Embajada de los Estados Unidos, respectivamente. Además, el embajador Michael Froman, representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Administrador del tratado DR-CAFTA por los Estados Unidos en Washington D.C. y al senador de los Estados Unidos por Florida, Marco Rubio, en su oficina en Miami, y la Cámara Americana de Comercio en Santo Domingo. También fueron puestos en conocimiento las siguientes instituciones y personas de la Sociedad Civil, Rosalía Sosa Pérez de Participación Ciudadana; Pedro Pérez González, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc.; Manuel Robles, del Movimiento Justicia Fiscal; Julio Cesar de la Rosa, de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO); Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. y Trajano Vidal Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia. Además, José Luis Morillo Frías, de la Red Nacional de Acción Juvenil; Marino Vinicio Castillo, director nacional de Ética e Integridad Gubernamental; Antonio Marte, de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA); El Diputado Juan Hubieres, de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción; José Burdier, de la Asociación Nacional de Courier (ADOSEC) y José Manuel Nina, José Fernández y César de los Santos, de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU), Asociación de Dealers del Cibao (ADECI) y Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), respectivamente. Finalmente, estas empresas entienden que esta decisión va en detrimento de este sector y de todo aquel ciudadano que tenga la necesidad de adquirir un vehículo, puesto que la depreciación no está incluida entre los métodos de valoración legales ya que produce serias distorsiones al mercado evitando la libre competencia y prestándose a favorecer o perjudicar diferentes marcas o modelos de vehículos en función de intereses particulares; a la vez que resulta innecesario ya que en la pasada - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2014/01/23/importadores-vehiculos-rechazan-disposicion-aduanas#sthash.ri7s3WLC.dpuf