La ministra de Educación, Josefina Pimentel, afirmó ayer que la ley de Educación no prevé mecanismos que permitan regular las tarifas en los colegios privados. “En el ámbito de la Ley 66-97 si bien se establece esa facultad, no se definen los mecanismos”, respondió Pimentel cuestionada sobre si esa cartera tomará medidas para impedir alzas indiscriminadas en los centros educativos privados, luego del fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe a los colegios sancionar a los estudiantes por falta de pago.
La funcionaria dijo que una comisión que estudia la categorización de los colegios ya entregó el informe que será conocido en la reunión del Consejo Nacional de Educación en un encuentro pautado para la próxima semana.
“Tenemos que avanzar en la categorización que nos permita entonces crear mecanismos en que se apoye el Estado a través del Ministerio de Educación para dicha regulación o supervisión”, expresó. Dijo que en su fallo el Constitucional se limitó a rechazar un recurso en contra de la ley de Educación, pero que no trató el fondo del problema.
Pimentel dijo que recibe con beneplácito la sentencia. “El Ministerio acoge con beneplácito la sentencia ya que ratifica al Ministerio como órgano rector y el derecho que acoge a nuestros estudiantes que no deben ser penalizados por una situación distinta a la que tiene que ver con su proceso de formación”, dijo.
ADP advierte peligro
El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, aunque respaldó la decisión del Constitucional, advirtió que la medida pueda afectar los colegios pobres, que se tome como medida cobrar por adelantado el año completo y la situación empuje al cierre de decenas de centros privados. Indicó que ante ese panorama, las escuelas públicas son una opción y que se hacen esfuerzos entre el Ministerio de Educación y los profesores en mejorar la docencia pública.
De su lado, Radhamés Camacho, expresidente de la ADP, dijo que es una pena que el Constitucional haya tenido que emitir una sentencia para que los dueños de colegios entiendan que la educación es un derecho.
La senadora Cristina Lizardo sostuvo que el tema no es tan sencillo porque aunque no se debe afectar a los estudiantes, también se puede dar el caso de que muchos padres se acojan a esa resolución para no cumplir con el pago. Instó a las autoridades de Educación a analizar la sentencia.
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